• CONVEAGRO demanda instrumentos para enfrentar minifundio y extensión de seguridad social para campesinos.
  • La Ley N°27360, debe tener un balance, social-económico- laboral, midiendo los impactos generados.

Una nueva Ley de Promoción Agraria debe ser una oportunidad de desarrollo para los sectores de la actividad agropecuaria que tienen limitaciones para uso de tecnologías y acceso a mercados, generando oportunidades para todos, y no sólo para un reducido grupo de empresarios, sostuvo Lucila Quintana Acuña, gerente de la Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO).

Dijo que el debate en la Comisión Agraria del Congreso del último martes, se ha sesgado sólo en factores laborales e incentivos tributarios para la agroexportación, principalmente de la costa, que tiene evidentes ventajas comparativas con relación a la gran mayoría del agro, situados en sierra y selva, donde las condiciones de vida fluctúan entre niveles de pobreza y pobreza extrema, como bien lo señalan recientes estudios del Banco Mundial.

Para CONVEAGRO, la Ley de Promoción Agraria, Ley N° 27360, cuya vigencia termina el 2021, tiene que pasar por un balance social – laboral y económico en una rendición de cuentas de transparencia al país y en especial al sector agrario nacional, por haber contado con subsidio a la inversión y la venta de las tierras, así como subsidio fiscal por la reducción del 50% del impuesto a la renta al (del 30 al ­15%); y por el impacto tributario y económico de los proyectos de irrigación y los proyectos futuros que pronto entrarán en circulación para la agroexportación.

“Apreciamos que la Ley 27360 ha contribuido al crecimiento de las exportaciones no tradicionales asentadas en la franja costera, muy cerca a puertos y con buenas carreteras, mientras que la agricultura llamada tradicional, entre ellos café, papa, maíz, arroz, ganadería y otros, carecen de mecanismos prácticos para su rentabilidad y competitividad. Por eso demandamos una ley de promoción para todos los agricultores, sin exclusiones”, afirmó la representante de CONVEAGRO.

Propuso que el Poder Ejecutivo y parlamento, deben mirar más allá de la costa, y reconocer que el 94% de productores no pueden ser excluidos de la promoción agraria, toda vez que no acceden a tecnología apropiada, carecen de capacidad de negociación comercial, y por la carencia de rentas no acceden al sistema financiero.

ASOCIATIVIDAD Y MINIFUNDIO

Quintana destacó el proceso de asociación empresarial en cooperativas de pequeños agricultores de café, cacao, banano, granos andinos, y otros cultivos, los cuales, a pesar de los entornos económicos y políticos adversos, lograron articularse a mercados globales y locales, mejorar su productividad y calidad de sus cosechas, pero que en el horizonte de competitividad comienzan a ser desplazados, poniendo en riesgo su sustento familiar.

“Requerimos una ley de fomento cooperativo, con fondos similares a los asignados a las MYPES urbanas, para ampliar nuestras capacidades productivas y empresariales en el campo. Hasta hoy tenemos indiferencia, persecución tributaria, y cierra puertas para el diálogo y concertación”, refirió Quintana.

Dijo que en reunión reciente con el ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo, y en la misma Comisión Agraria, llamaron la atención sobre la ceguera para mirar el campo donde impera el minifundio, cada año en crecimiento. “Esta realidad no puede ser ignorada por la sociedad. Tenemos que enfrentar esta crisis que amenaza ser socialmente inmanejable”, manifestó.

Lima, 8 de Junio 2018

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