PRIMERO: Denunciamos la premura con la que en la Comisión Agraria se ha convocado al debate de esta propuesta de ley, sin buscar previamente consensos técnicos ni sociales, lo que refleja una grave falta de compromiso con la construcción de una normativa sólida y participativa. Este procedimiento apresurado debilita la legitimidad del Predictamen y genera incertidumbre sobre sus verdaderos objetivos.
SEGUNDO: Rechazamos categóricamente la pretensión de extender beneficios no fiscales diseñados específicamente para productores de la agricultura familiar a personas naturales y jurídicas que no pertenecen a este sector. Las Compras Estatales de Alimentos, el acceso al Fondo AGROPERÚ, los programas concursables de cofinanciamiento, y los servicios de INIA y SENASA fueron creados para cerrar brechas y fomentar la competitividad de la agricultura familiar. Asignar estos recursos a productores mercantiles con mayor capacidad contributiva constituye un despojo flagrante y contradice el espíritu de las políticas públicas destinadas a un desarrollo agrario equitativo.
TERCERO: Advertimos que otorgar incentivos fiscales sin respaldo en estudios técnicos ni herramientas de evaluación, como una línea de base, indicadores claros y mecanismos de monitoreo, viola principios constitucionales y compromete la eficiencia del gasto público. Esta falta de rigor técnico genera un alto riesgo de que los beneficios sirvan únicamente para reducir la recaudación fiscal, sin garantizar resultados tangibles en términos de competitividad ni desarrollo sostenible.
CUARTO: Denunciamos que el modelo de asociatividad entre las formas asociativas de la agricultura familiar y el sector exportador, sin la creación de un ente estatal regulador, consolidará relaciones de poder desequilibradas y asimétricas. Este modelo favorece sólo al sector agroexportador que representa apenas al 2.4% de las unidades agropecuarias, en detrimento de los productores familiares, profundizando las desigualdades estructurales y creando condiciones para conflictos sociales de alta intensidad que podrían poner en riesgo la gobernabilidad del país.
QUINTO: Exhortamos a los congresistas de la Comisión Agraria a suspender el debate de este Predictamen y a iniciar un proceso reflexivo e inclusivo que involucre a la academia, expertos en políticas públicas y organizaciones representativas del campo. Este esfuerzo debe buscar construir una propuesta consensuada, técnica y socialmente viable, que priorice el desarrollo sostenible y equitativo del sector agrario.
SEXTO: Convocamos a todas las organizaciones sociales, gremiales y económicas de la agricultura familiar a unirnos en una protesta activa y decidida en defensa de nuestros derechos y oportunidades fundamentales con el propósito de rechazar firmemente la intención de los congresistas de la Comisión Agraria de desviar arbitrariamente incentivos y beneficios no fiscales diseñados para fortalecer nuestra competitividad, hacia sectores empresariales con mayores recursos y capacidades y exhortamos a redoblar esfuerzos de incidencia en cada región demandando a los congresistas que respeten y fortalezcan las políticas públicas orientadas a cerrar brechas y garantizar un futuro más justo equitativo y sostenible para el agro peruano.
Lima, 19 de noviembre de 2024
