Las políticas de incentivos tributarios no solo se definen en las leyes que las crean, sino también en las normas reglamentarias que determinan qué actividades y qué actores económicos serán realmente beneficiarios de esos incentivos. En el caso del régimen agrario peruano, ese poder se concentra en el Decreto Supremo que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) debe emitir para definir las actividades comprendidas en el régimen tributario de la ley 32434, decisión que en la práctica determina el verdadero alcance económico de la política pública.
El presente documento, elaborado por Miguel Vásquez Cárdenas Consultor Externo de CONVEAGRO, analiza de manera rigurosa los efectos de la Ley 32434 y examina las distorsiones que ha generado la política tributaria que ha gozado durante las últimas décadas el sector agrario agroexportador y agroindustrial.
A partir del análisis de información de SUNAT, el estudio demuestra que los incentivos fiscales otorgados al sector no han producido los resultados prometidos. Por el contrario, lejos de incrementar la contribución del sector al financiamiento de los servicios públicos, infraestructura y programas sociales, este régimen ha significado un drenaje de recursos públicos que supera los 1,449 millones de soles en tributos, evidenciando el fracaso de una política tributaria que ha privilegiado rentabilidad de un reducido sector de empresas agroexportadores y agroindustriales sin generar retornos tributarios necesarios para el desarrollo sostenible del país.
El análisis muestra además cómo el binomio entre poder económico y poder político ha influido en la configuración de un marco normativo que consolida privilegios tributarios para determinados grupos empresariales. En este contexto, la Ley 32434 prolonga y amplía el esquema de incentivos tributarios que las empresas agroexportadoras y agroindustriales gozan desde el 2001, extendiendo su vigencia hasta el año 2035.
Mientras la Ley 31110 comprende únicamente tres clases de actividades agroindustriales, el MIDAGRI deliberadamente pretende incorporar en el Decreto Supremo que determinará las actividades agroindustriales comprendidas en la Ley 32434 a quince actividades agroindustriales, abriendo acceso a conglomerados agroindustriales altamente rentables que operan con posiciones dominantes en el mercado. Esta expansión regulatoria no representa una clarificación técnica sino una reinterpretación política que convierte la Ley 32434 en mecanismo de concentración de incentivos tributarios lesivos para los intereses de la Nación.
La amplitud potencial de este mecanismo se refleja incluso en casos que resultan jurídicamente reveladores. Entre las actividades consideradas en el proyecto normativo aparece la captura y faenado de ballenas, una actividad completamente ajena al ámbito agrario y prohibida a nivel internacional desde 1986. Más allá de lo anecdótico, este ejemplo evidencia un problema de fondo: cuando la definición de beneficiarios queda abierta a decisiones reglamentarias, el régimen puede expandirse hasta extremos que desbordan su propósito original
Esta expansión de incentivos fiscales consolida un modelo que pone a competir desigualmente grandes conglomerados empresariales -financiados mediante subvenciones tributarias del Estado- contra cooperativas, asociaciones y empresas comunales integradas por productores de agricultura familiar que carecen de acceso equivalente a estos beneficios. La consecuencia inevitable es una afectación sistemática a la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones empresariales de pequeños productores, profundizando las brechas estructurales del sector y perpetuando un modelo de desarrollo agrario que es intrínsecamente inequitativo y de baja competitividad para la mayoría rural.
Ante esta situación, CONVEAGRO rechaza categóricamente la Ley 32434 y el proyecto de Decreto Supremo que determina las actividades agroindustriales comprendidas en la Ley 32434, documento que aún aguarda publicación oficial, exigiendo públicamente la derogación de la Ley 32434 por el Congreso de la República, ya sea en el período legislativo actual o en la legislatura que se instale el próximo 28 de julio. Simultáneamente, anuncia la presentación de demandas de inconstitucionalidad y otros recursos legales orientados a restablecer principios fundamentales de equidad tributaria que permita asegurar el desarrollo agrario inclusivo, equitativo y sostenible.
Finalmente, invitamos a los lectores a revisar el documento completo para conocer en detalle los fundamentos técnicos, económicos y jurídicos que sustentan este análisis.
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