La Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO) publica hoy la Agenda de Emergencia para el Agro, Mundo Rural y la Seguridad Alimentaria, lanzada oficialmente a inicios del mes de julio de 2026. Dicha agenda, es un documento estratégico que propone medidas urgentes para enfrentar los impactos catastróficos que se proyectan por el Fenómeno El Niño Costero y Global.
¿Por qué es urgente actuar? La agricultura familiar es el motor de nuestra alimentación ya que produce el 57% de los alimentos que consumimos en las ciudades y da empleo a casi un tercio de la población trabajadora del país. Sin embargo, hoy se encuentra en una situación crítica por años de olvido y el aumento de precios de los fertilizantes.
Con la llegada de El Niño, se estima que más de 9.6 millones de personas podrían verse afectadas por lluvias extremas en el norte y sequías en el sur. Esto no solo pone en riesgo las viviendas, sino que podría causar que hasta un 30% de las tierras agrícolas no se siembren, provocando una caída drástica en la producción de alimentos como el maíz, la aceituna y la fresa.
Propuestas clave de la Agenda de CONVEAGRO que plantea al Gobierno y al Congreso para evitar una crisis alimentaria nacional:
- Apoyo financiero: Creación del programa “Reactiva Agrario” con tasas bajas y el rescate de deudas para pequeños productores.
- Seguros y Garantías: Fortalecer el Seguro Agrario Catastrófico y entregar un Bono de Capitalización para que los agricultores no pierdan sus medios de vida.
- Agua y Tecnología: Invertir en siembra y cosecha de agua, pozos y paquetes tecnológicos que ayuden a los cultivos a resistir los cambios de temperatura.
- Empleo y Compras Estatales: Generar empleos temporales en el campo para reparar canales y asegurar que el Estado compre alimentos directamente a los pequeños productores.
Un llamado a la prevención: “Apostar por el agro es proteger la mesa de todos los peruanos y evitar que la pobreza siga creciendo”, señala el documento. CONVEAGRO reafirma su compromiso con un agro resiliente y pide a las autoridades pasar de una respuesta tardía a una planificación que realmente proteja a las 2.2 millones de familias agricultoras del Perú.
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