- Limitados recursos de MI AGRO S.A, alcanzarían sólo para cultivar 20 mil hectáreas de 10 mil productores.
- Gestión de fondos de MI AGRO S.A sin control de SBS facilitarán manejo político de MINAGRI; además de no proponer un Directorio Independiente que asegure su éxito y continuidad.
El Congreso de la República tiene la alta responsabilidad de CORREGIR o RESPALDAR la propuesta anti campesina que el gobierno central acaba de anunciar, en momentos de grave crisis social que vive el 95% de la agricultura familiar.
La denominada Ley de Promoción Agraria Nº 27360, cuya vigencia buscan ampliar 20 años más, establece incentivos tributarios sólo para las grandes empresas agroindustriales y agroexportadoras, además de abonar salarios disminuidos a sus trabajadores. Ignora el crecimiento del minifundio, la competencia desleal de la importación de alimentos subsidiados en sus países de origen, el desarrollo de monopolios agroalimentarios, la carencia de asistencia técnica e innovación tecnológica, la falta de institucionalidad, entre otros factores adversos.
La demanda unánime de los productores de la agricultura familiar al gobierno, de reestructuración y reflotamiento de AGROBANCO, ha sido respondida con su liquidación, y la creación de MI AGRO S.A, como fondo financiero, con 100 millones de capital, que apenas atendería créditos para 20 mil hectáreas, con montos hasta 5,000 soles/há. La cobranza de las acreencias de AGROBANCO, es un proceso incierto, que hasta hoy se empleaba en cubrir costos de planillas. El gobierno debe considerar la pronta cobertura de 100 mil hectáreas, especialmente de papa, arroz, café, cacao, maíz, pastos, etc.
La política de garrote para hombres y mujeres de la agricultura familiar, y de zanahoria para monopolios agroindustriales, implica alentar justas protestas de los agricultores peruanos. Desfavorece la gobernanza democrática y abona tensiones sociales no deseadas.
Los agricultores que mantenemos acreencias pendientes de AGROBANCO, especialmente los pequeños productores de café, estamos comprometidos en honrar nuestros compromisos, pero debemos tener el tratamiento que el Estado ha venido brindando a los medianos y pequeños productores que se adscribieron al Programa de Rescate Financiero Agrario (RFA en sus diversas etapas), aunque los mayores beneficiarios fueron agroexportadores también favorecidos con la ley 27360.
El mundo entero desarrolla políticas agropecuarias con banca pública de fomento en claro apoyo a la producción nacional y asegurar la seguridad y soberanía alimentaria; inclusive con subsidio explícito al sector. No se puede exigir competitividad y productividad si no se apuesta por el desarrollo real de los campesinos en el Perú.
Solicitamos al Poder Ejecutivo RETIRAR las referidas propuestas legislativas, y escuchar, con responsabilidad política, la voz y compromiso de los agricultores y ganaderos. Es pertinente para bien de la democracia, evidenciar un cambio en las medidas gubernamentales alentando el bien común, y acabar con privilegios para pocos.
Instamos a todos los grupos parlamentarios presentes en el Congreso, una serena reflexión sobre las consecuencias económicas y sociales que se generarán de aprobarse ambos proyectos, en la forma que han sido propuestas. Consideramos que debe darse un amplio debate ciudadano, escuchando la voz de los agricultores que confiando en su compromiso electoral de velar por sus intereses, les dieron su voto.
Lima, 4 de Julio del 2018